miércoles, 14 de febrero de 2007

A salto de mata XVI: el Estatuto andaluz


El próximo domingo –es decir, dentro de sólo cuatro días- se celebrará el referendum sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Un texto que, a diferencia de lo que suele ser pauta habitual de comportamiento (incluso para mí mismo: he de reconocer que sólo he hecho esto mismo en muy contadas ocasiones...), estoy leyendo, para poder pronunciarme sobre él con conocimiento (más o menos) de causa, sin tener que fiar mi decisión a lo que de él me cuente una clase política de cuya boca sale, sobre el particular (como sobre cualquier otro tema, a qué engañarnos...) poco más que una retahíla manida y hueca de tópicos, fórmulas y muletillas.

¿Y qué opinión podría extraer de esa parte, al menos, que hasta ahora llevo leída? Pues que se trata de un texto relativamente cuidado en su vertiente técnica; que ofrece algunos elementos doctrinales bastante novedosos (aunque, en ocasiones, demasiado ceñidos a los márgenes e imposiciones de la corrección política); y que, en una apreciación más “ciudadana”, se trata de un texto denso, prolijo y cuajado de magníficas proclamas acerca de lo que debería ser (no olvidemos que el Estatuto, como toda norma jurídica –que ésa, y no otra, al fin y al cabo, es su condición-, no pertenece al mundo del “ser”, sino al del “deber ser”...) la autonomía andaluza en el devenir de los próximos tiempos que muy difícilmente (por no decir, para ser más francos y realistas, que ni de coña...), teniendo en cuenta que nos movemos en los márgenes en que nos movemos (de fundamentos de sistema ecónomico, sobre todo), llegaremos a ver hechas realidad.

Eso, en cuanto al texto en sí. Que harina de otra costal sería la que habría que cernir para hacer referencia a la campaña electoral. Sí, sí, electoral, amigos lectores, no se trata de un lapsus linguae, y es que ya está bien de eufemismos y milongas para hacer referencia a las actitudes y actuaciones de nuestra clase política en determinados ámbitos: aquí y ahora, bajo el manto de una campaña de sensibilización, promoción y movilización de la ciudadanía para que participe en el referendum, lo que se ha montado es una campaña electoral en toda regla; o, quizá para ser más precisos, un episodio más de la sempiterna e ininterrumpida campaña electoral en la que viven enfrascados (y a la cual nos someten impíamente...) nuestros más altos próceres. Campaña que, más allá de su inmoralidad política manifiesta (que daría de sí para emborronar “cienes y cienes” de pantallas sobre el tema), no entiendo muy bien qué sentido tiene en el contexto de la materia que estamos tratando.

Para que la ciudadanía se pronunciara acerca de su conformidad, o no, con un texto legal determinado, por muy importante y/o fundamental que pueda ser (y un Estatuto de Autonomía, indudablemente, lo es), debería bastar y sobrar con el conocimiento directo y sin intermediarios, integral y despojado de cualquier aditamento, del puro y duro texto. Eso sí, en caso de alguna duda puntual sobre el mismo –que puede resultar bastante lógica y razonable-, se ha de disponer de un sistema de consulta y aclaración. Y punto.

Es que el texto es demasiado extenso y complejo, dirán algunos. Es que el entendimiento de su pleno y recto sentido no está al alcance del ciudadano común, dirán otros. Y puede, amigos lectores, que no les falte razón ni a unos ni a otros. Pero, entonces, qué quieren que les diga, hay algo que falla, y falla gravemente. Y ese imperio de la ley, que debe figurar en el frontispicio no sólo formal, sino material, de cualquier proclamación de un Estado como Estado de derecho, hace aguas por todas partes. Porque una ley cuyo entendimiento no está al alcance de todo ciudadano que se ha de regir por la misma (no olvidemos que, conforme proclama una norma básica de todo ordenamiento jurídico, su ignorancia no exime de su cumplimiento) no es ley moralmente válida. Hay que hacer la ley accesible desde los dos polos de la relación: elevando el nivel cultural de la ciudadanía a la que va dirigida (en lo tocante al receptor) y simplificando y depurando el lenguaje legal para hacerlo inteligible –actualmente, desde luego, no lo es- al común de los mortales (que es lo que corresponde al emisor). No son cuestiones simples ni baladíes: ahí sí que hay una auténtica revolución pendiente, y de las que no requieren derramamientos de sangre para llevarlas a cabo; pero no crean que por ello resultará rápida ni sencilla. Seguiremos hablando de ese tema en otra ocasión....

3 comentarios:

apesardemi dijo...

Reflexiones muy interesantes. Vivo en Andalucía y el próximo domingo votaré el referéndum.

Tu post es extenso y en él tocas muchas cuestiones. Me permito comentar la última de ellas, lo deseable que sería acercar el lenguaje jurídico-legal al ciudadano y viceversa.

Totalmente de acuerdo en esa necesidad. Es muy frecuente encontrar a alguien que, con un documento oficialo en la mano, exclama "esto no hay quien lo entienda", y tienen razón. Pero sabes que el derecho es una técnica y que su lenguaje de difícil comprensión forma parte de esa misma técnica. Sería necesario un acercamiento de ambas partes lo que no es tan fácil, Cada palabro legal tiene un significado muy concreto, único. No es fácil pero si es un buen objetivo.

Un abrazo, Manuel. Votaré Si.

Tha dijo...

Habéis sido de los pocos que se han animado?
A mi todo esto me parece un desastre, algo parecido a la Ley de Educación en Aragón, todo es preguntarnos para colaborar y luego qué... ni caso, seguro.
En fin...

Manuel Márquez dijo...

Buenas tardes, compañeros; aunque con muchísimo retraso, gracias por vuestros comentarios. Yo también fui de los que voté sí -y no me vale la vaina esa que enarbolan los políticos del "sí crítico", porque creo que es eso, una vaina: el voto da de sí lo que da, las críticas quedan para otros ámbitos-, y también me ha parecido lamentable la bajísima participación. Claro, que más lamentable aún me ha parecido la lectura partidista (y totalmente falsa) que TODOS los partidos han hecho de ella: no tienen arreglo...

Un abrazo.

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